La ley establecerá una nueva cultura de convivencia, porque se garantizará el derecho de las personas no fumadoras, sin que se discrimine a los consumidores de tabaco.

Las experiencias en México, Panamá y Uruguay indican que el consumo se ha mantenido con la vigencia de normas como el control al humo de cigarrillo.

La ley debe contar con un reglamento que emitirá el Ejecutivo, para establecer las sanciones y competencias de las autoridades correspondientes para implementar la ley.

De acuerdo con Tuna, el Ministerio de Salud contará con unos 315 inspectores para velar por el cumplimiento de la ley; el reglamento podría estipular sanciones monetarias a los comercios donde haya personas fumando, entre otras medidas que podrían llegar al cierre del establecimiento por la gravedad o recurrencia de las infracciones impuestas anteriormente.