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Transfobia y
Crímenes de odio en Guatemala
Por: Alejandra Ruffo - Corresponsales Clave
25 de marzo de 2010.
En lo que va del año
se cometieron 13 asesinatos de odio y una
joven trans de 20 años está desaparecida.
Johana Ramírez, referente de la Redlactrans
en Guatemala, también sufrió un atentado y
relata los pormenores de esta dura realidad.
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“Nosotras le tenemos
mucho miedo a la Policía Nacional Civil
y al Ministerio Público, por acciones
que han hecho directamente con nosotras,
que nosotras hemos visto. Ha habido
violaciones a los derechos humanos por
parte de personas uniformadas y personas
que se autodenominan de seguridad. Gente
que tiene el poder dentro de nuestro
país”. Con estas palabras Johana
Ramírez, referente de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans –Redlactrans
– describe la situación
de transfobia y crímenes de odio que
está teniendo lugar, impunemente, en su
país.
Kenia Mayli,
Jessica Andreina y Sabrina Cajas fueron
asesinadas
el año pasado entre fines de octubre y
principios de noviembre. Estos crímenes
de odio, generados por la transfobia que
existe en ese país –aversión irracional
a transgéneros, transexuales y
travestis-, llevaron a movilizarse a las
integrantes de la Redlactrans y de la
organización local
Reinas de la Noche.
Hicieron públicos los crímenes a través
de los medios de comunicación y
participaron de la marcha nacional para
detener la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, nada terminó allí.
“A raíz de eso vinieron más ataques,
otras intimidaciones. Yo fui violentada
y sufrí un intento de asesinato”,
confiesa Johana. Ocurrió en noviembre,
cuando iba caminando por la calle y
observó que cuatro hombres la seguían.
“Venían muy cerca y empezaron a decir
‘Es ella, es ella’. Cuando los miré me
di cuenta que uno estaba preparando su
arma para dispararme… me eché a correr y
entré a un local. Uno de ellos le
reclamaba al que llevaba el arma:
‘Le hubieras disparado, la tenías cerca,
¿por qué no lo hiciste?’”,
recuerda, perturbada, Johana. Pero su
pesadilla no terminaba en ese momento.
Catherine Barrios, su compañera
de vivienda de sólo 20 años de edad,
está desaparecida desde mediados de
febrero. “No sabemos su
paradero, dónde está, ni cómo está. No
sabemos si fue secuestrada o si fue
asesinada. Esto nos pone tristes y muy
vulnerables”, expresa Johana.
Los hechos de violencia y los atentados
se repiten semana a semana, día tras
día. Un grupo de hombres de
característica y estructura similar a
los que habían amenazado a Johana,
atacaron a un grupo de chicas trans una
semana después. Ellas estaban reunidas
en una avenida cuando este grupo de
hombres se acercó y comenzó a
dispararles. Todas pudieron escapar,
pero una fue herida en un brazo. Algo
similar les ocurrió a las trans de la
Cruz Roja, que fueron amenazadas
recurrentemente por hombres que
circulaban en un auto rojo, con las
caras cubiertas por pasamontañas.
¿A quién recurrir?
Cuando el odio y la violencia provienen
de las fuerzas policiales y de un
ministerio público, es difícil reclamar
justicia. Por eso las organizaciones
trans acudieron a la Procuraduría en
Derechos Humanos para denunciar y hacer
visibles estos crímenes de odio.
Mientras tanto, también están llevando
adelante el procedimiento para poder
pronunciarse ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, para
lograr hacer presión a nivel
internacional. “En nuestro país se han
superado todos los records. Desde
principio de año hemos tenido 13
personas asesinadas en distintas
regiones del país, hay una persona
desaparecida, han intentado asesinarme.
Estamos en un contexto de riesgo y de
suma vulnerabilidad”, sostiene.
Están unidas, pero también están muy
solas. No tienen apoyo de sus familias
ni de los medios de comunicación.
“Muchas compañeras son enterradas como
NN, porque sus familias no las quieren
reconocer. Entonces nosotras, las pares,
tenemos que hacer el trabajo de sus
familias, reconocer los cuerpos,
enterrarlas”, lamenta. Y agrega: “Para
los medios somos una noticia
amarillista, porque no informan desde el
lado humano, se burlan, nos repudian, y
les dan herramientas a las personas que
hace este tipo de cosas tan feas”,
reconoce.
Además de los crímenes de odio, la
comunidad trans guatemalteca tiene que
encontrarse con un sistema de salud que
las discrimina, con dificultades para
acceder a los servicios de salud y con
un fuerte rechazo social. “La realidad
es que hemos tenido que superar tantas
cosas, como el rechazo familiar, el
rechazo social, el no poder entrar a
determinados lugares por tener una
apariencia física diferente. Todo esto
nos va haciendo un poco más fuertes que
a las demás personas”, opina Johana, e
informa que en su país el promedio de
vida para una trans es de 25 años: “Si
llegamos a los 30 es porque hemos
corrido con suerte”.
Esta es la situación en Guatemala. Y no
puede ni debe quedar así. Johana
confiesa que vive con miedo. Que sale y
entra a su casa con miedo. Pero entre
lágrimas asegura que no va a parar: “Mi
responsabilidad como activista, como
defensora de los derechos humanos de la
comunidad trans, es seguir adelante. Si
no fuera parte de la Redlactrans, si
estuviera sola, quizás me sentiría en un
abismo”, concluye. Pero no está sola. No
están solas. Y no podemos dejarlas
solas.
“En Guatemala hay una persecución
continua a nuestra comunidad. La
Justicia y el Estado persiguen a las
compañeras trans”, explica
Marcela Romero, Coordinadora
Regional de la Redlactrans. También
agrega que esta situación se repite en
toda la región: “En Latinoamérica las
trans no conocemos la democracia, no hay
ley que nos ampare, nuestros derechos se
vulneran día a día”.
Ante esta grave situación, ninguno de
los esfuerzos para reducir los factores
de vulnerabilidad de hombres gays,
trangéneros y trabajadoras sexuales
tendrá éxito alguno. Estos repudiables
acontecimientos merecen un trabajo
coordinado de los gobiernos, la sociedad
civil y las agencias internacionales,
porque tienen que ser esclarecidos y es
fundamental evitar futuros incidentes.
Mientras tanto, si las cosas no cambian,
estas ciudadanas serán blanco fácil de
la violencia institucional que abusa y
mata impunemente, bajo el amparo de los
gobiernos. Que la orientación sexual, la
identidad de género o el trabajo sexual
sea causa de muerte es una
responsabilidad compartida por todos
nosotros, que requiere urgentes acciones
y menos retórica.
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